miércoles, 24 de octubre de 2012

FEMINICIDAS Y VIOLADORES EN EL ESTADO DE MEXICO


Toluca, Méx. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres sujetos acusados de al menos ocho feminicidios, a cuyas víctimas también violaban, informó el titular de la dependencia, Salvador Neme.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que los implicados son David Bárcena González el Carnitas, de 29 años; José Becerril Pueblas el Jumbo, de 28, y Erick Leyva Esquivel el Tún Tún, de 18, quienes operaban desde hace más de medio año en el municipio de Santiago Tianguistenco.
De acuerdo con las investigaciones, los presuntos delincuentes abordaban a sus víctimas en bares o las invitaban a beber con ellos, ponían sustancias que las hacían perder el conocimiento, lo cual aprovechaban para abusar sexualmente de ellas.
Neme Sastré, abundó que los tres sujetos fueron arrestados cuando viajaban en una camioneta Chevrolet F10 matrícula KB76596, relacionada con la violación y el homicidio de una mujer ocurrido la víspera.
El cuerpo de la víctima, de unos 30 años de edad, fue hallado este lunes en un canal de aguas negras en el Paraje El Tejocote, que se encuentra a espaldas de la Universidad de Estudios Superiores de Santiago Tianguistenco
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domingo, 30 de septiembre de 2012

Ciudad Juárez es el retrato de la guerra narco


Ciudad Juárez es el retrato de la guerra narco

Desde que Felipe Calderón llegó al poder y les declaró la guerra a los carteles, hubo 95.000 asesinatos, según informó a fines de agosto el Inegi, organismo público no gubernamental. Mucho del armamento ingresa desde Estados Unidos.






Desde Ciudad Juárez
“Esta guerra nunca va a acabarse, creo yo. En Ciudad Juárez y en todo México la pura verdad es que las autoridades no quieren terminarla. Todo el mundo está coludido con la ‘lana’ (dinero) de la droga. Personas que no querían entrar, entraron... los chavos se cansan de trabajar en las maquilas y terminan sicareando.” Sicarear es un verbo corriente en Ciudad Juárez: aquí la guerra lo es todo. “Primero sólo muchachos eran contratados para matar, después el negocio fue creciendo y ahorita está habiendo más chavas gatilleras”, cuenta el taxista mientras viajamos hacia el puente que une Juárez y El Paso, en el estado de Texas.
Esta ciudad de aspecto artificial, implantada sobre el desierto y atravesada por avenidas anchas donde abundan las camionetas 4x4 probablemente blindadas, fue considerada la más violenta del mundo hace dos años, cuando hubo cerca de 3100 asesinatos, según el conteo realizado por la prensa juarista cuyas cifras merecen más confianza que las divulgadas en los boletines policiales.
El taxista me dejó en el acceso al puente binacional. Yendo a pie hacia Estados Unidos por una pasarela cubierta de alambre tejido debajo de un sol capaz de deshidratar escorpiones, lo primero que se divisa al otro lado del río Bravo, junto a mástiles con las banderas de ambos países, es una placa de grandes dimensiones dando el “Welcome” a los visitantes procedentes de México, a quienes les espera una rigurosa y con frecuencia ofensiva requisa.

En cambio, cuando se hace el trayecto en sentido inverso, desde El Paso hacia Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, los controles parecen irrisorios. Un letrero del gobierno mexicano da la bienvenida a los norteamericanos, y otro colocado a pocos metros probablemente por militantes de derechos humanos, implora a los gringos que dejen de ingresar las weapons (armas) destinadas a los ejércitos de sicarios como el que responde a Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien sería un protegido del gobierno del presidente Felipe Calderón, dicen analistas serios. El barón de la cocaína en México, apodado Chapo por su corta estatura, está en la lista de los más buscados por el FBI y en el ranking de los mexicanos ricos e influyentes publicado por Forbes. Es, además, uno de los hombres que manda en Ciudad Juárez, donde su poder es cuestionado a balazos por Los Zetas, una banda de narcos viciados en sangre, surgida de un grupo de militares que desertó luego de haberse entrenado en Estados Unidos e Israel.
Para aprovisionar a los carteles que guerrean en Juárez y decenas de ciudades cada día ingresan al país unas 2000 ametralladoras, granadas, fusiles y partes de armamento antiaéreo. El cargamento llega desde California, Arizona, Texas y Nuevo México, disimulado en camiones o a través de los “compradores de paja”, traficantes hormigas que diariamente pasan por el límite ante los indiferentes puestos de vigilancia. La indolencia de los agentes norteamericanos hacia quienes dejan el país suele ser proporcional a la tolerancia con el crimen organizado siempre que éste actúe al sur, como lo mostró el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”.
Washington se vio obligado a presentar excusas cuando tomaron estado público las consecuencias del plan “Rápido y Furioso” a través del cual los servicios de inteligencia estadounidenses consintieron la venta de armamento pesado a criminales mexicanos bajo el pretexto de que así podrían descubrir sus guaridas. Pero nada de eso sucedió, ningún cabecilla cayó mientras decenas de mexicanos probablemente fallecieron en las acciones perpetradas con ese arsenal.
El escándalo causado por “Rápido y Furioso” fue tal que al presidente Calderón no le restó más alternativa que proferir algunas críticas a sus aliados carnales de Washington.
“Esta guerra se perdió, no quisiera yo afirmar que la derrota sea irreversible, pero nos tomará años revertir la situación causada por este conflicto rechazado por la mayoría del pueblo mexicano. El hartazgo quedó probado en las elecciones (presidenciales de julio), con la derrota del PAN (Partido Acción Nacional), el partido del señor Calderón”, explica el historiador Víctor Orozco.
“¿Usted me pregunta si alguien se benefició con este sexenio trágico de Calderón? Pues sí, los narcos. El Estado mexicano ya estaba corrompido antes de esta guerra contra el crimen organizado, seis años después tenemos un Estado más corrompido y debilitado frente a la injerencia de las agencias norteamericanas. Sabemos que la DEA y la CIA tienen agentes operando en Juárez, Tijuana, Matamoros (principales ciudades fronterizas).”
“Militarizar la lucha a la delincuencia demostró ser un error, no redujo la infame violencia. Los números son graves. El Inegi (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Historia), nos conmocionó en estos días con el informe sobre decenas de miles de personas muertas en el sexenio”, remata el profesor Orozco durante la entrevista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, frente al límite con Estados Unidos.
Desde que Felipe Calderón llegó al poder sospechado de fraude y lanzó una conflagración para restañar su imagen, hubo 95.000 asesinatos, la mayoría de ellos ligados con el conflicto, reportó a fines de agosto el Inegi, organismo público no gubernamental.
Esta aventura guerrerista de los de “arriba”, dirigida por Calderón como si se tratara de un videogame (el presidente dijo ser un adicto a ese pasatiempo), deterioró el tejido social de los de “abajo”, observó el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un ensayo sobre la devastación dejada por el sexenio que llegará a su fin dentro de tres meses cuando asumirá la presidencia Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, la agrupación con más dirigentes procesados y condenados (entre ellos varios gobernadores) por integrar organizaciones delictivas.
El telegénico Peña Nieto, actualmente de gira por Sudamérica, no demostró ser un conocedor avezado de temas militares y seguridad pública –tampoco se luce cuando habla de cuestiones económicas, sociales y diplomáticas–, pero ha formulado declaraciones contra el agravamiento de la violencia y otras, menos explícitas, en las que algunos observadores interpretaron una posible distensión con las mafias a fin de mitigar las matanzas.
Queda por saber si el futuro mandatario podrá desanudar los intereses que alimentan a este conflicto desde “arriba”, según el texto de Marcos que aporta cifras reveladoras sobre el incremento de los gastos militares durante la gestión Calderón, mientras decreció el salario real y se precarizó el empleo.
Ciudad Juárez es el retrato de un país cortado por las diferencias entre los “de arriba y los de abajo”, quienes aterrados por la violencia comenzaron a dejar las colonias (barrios) populares como Rivera para retornar a sus pueblos de origen, generalmente en el sur mexicano.
Pero no todos emigran de esta “plaza de guerra”. En Campos Elíseos, El Campestre y otras colonias acomodadas donde reside el alto escalón mafioso, no es común ver mansiones abandonadas según cuentan los mismos periodistas que me recomendaron evitar hacer una recorrida por allí, donde los guardias se pasean muy bien armados y se impacientan con los curiosos.
Tampoco se van de Juárez aquellos que subsisten dentro de la cadena productiva del crimen: traficantes de drogas, armas y personas, lavadores de dinero, guardaespaldas, sicarios y las nuevas musas de una contienda exhibicionista: las sicarias.
Llegar a ser una homicida famosa como “La Güera Loca”, acusada de decenas de asesinatos y filmada mientras decapitaba a una víctima, es lo que ambicionan algunas muchachas pobres y temerarias cuando se alistan inicialmente como “mandaderas”, el escalón inferior en la pirámide criminal, de donde pueden ascender posiciones hasta convertirse en “linces” y “cóndores”.
Se dice que ellas matan con más frialdad que sus colegas del género masculino, son más profesionales, no las mueve ninguna pulsión erótica (que experimentarían los hombres): las guía el solo objetivo de ganar dinero y trepar en la estructura mafiosa.
María Celeste Mendoza Cárdenas integra el cuadro de matadoras de Los Zetas, la banda que actúa en Juárez y otras ciudades importantes, y cuya seña distintiva es ser la agrupación más violenta entre las que forman el mercado del hampa mexicano.
“Soy sicaria al servicio de Los Zetas... duré dos meses en el adiestramiento y apenas llevo tres o cuatro días”, contó el año pasado con una mueca indiferente a los periodistas que la entrevistaron luego de haber conmocionado al país por la rudeza con que enfrentó durante horas, en el estado de Jalisco, a las fuerzas de seguridad, que debieron reforzarse con helicópteros para reducir a las combatientes. Al menos cinco camaradas de María Celeste murieron y, según trascendió, una tenía su misma edad: 16 años.

#28S ¡BASTA YA DE JODER!

Cicatrices Transgénicas

Violencias y Derechos Humanos. Estudios y debates en el Tucumán profundo


Invitación a la presentación del libro
Violencias y Derechos Humanos. Estudios y debates en el Tucumán profundo a realizarse el 19 de septiembre a las 19 hs. en el Museo de la Universidad (MUNT), Sala Multimedia (San Martín 1545). El libro incluye nueve artículos de investigadores e investigadoras de la UNT. Habrá cuatro comentaristas y posterior debate. La presentación finalizará con un brindis.
Lucia Cid Ferreira y Patricia Arenas (compiladoras)

lunes, 3 de septiembre de 2012

México: Calderón miente siempre


Presidente, sin voluntad de emitir una verdadera ley de víctimas: Sicilia

Su planteamiento, 'una trampa, una simulación y una mentira', afirma en teleconferencia desde Chicago.
Emir Olivares 

Publicado: 03/09/2012 11:54

México, DF. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) enfatizó que Felipe Calderón carece de voluntad política para echar a andar una Ley General de Víctimas que responda a los reclamos de justicia, verdad y memoria.
En conferencia, integrantes de esta agrupación lamentaron que el titular del Ejecutivo federal haya tramitado una controversia constitucional ante la SCJN contra la ley de víctimas que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión, que rechazó las observaciones "extemporáneas" a esa normativa realizadas por Calderón.
En teleconferencia desde Chicago, Estados Unidos, el poeta Javier Sicilia, quien encabeza el MPJD, lamentó la actitud del mandatario federal. Agregó que en su planteamiento sobre la ley de víctimas "es una trampa, una simulación y una mentira de Calderón".


Para el MPJD la iniciativa presidencial sobre estos lineamientos no responden a las víctimas, "sino al interés de ejercer un control político de loa terribles daños que ha causado su política de seguridad".



El pasado 30 de abril, el Legislativo aprobó por unanimidad la ley de víctimas -iniciativa en la que participaron diversas ONG y víctimas de la actual violencia que se vive en México- y Calderón tenía como plazo constitucional para hacer observaciones hasta el 29 de junio de 2012. Pese a ello, el primero de julio decidió "hacer valer un veto de facto" a través del envío de observaciones sobre el texto aprobado, lo cual fue rechazado por el Congreso debido a que días antes se había cumplido el plazo constitucional para recibir observaciones.



Esto motivó al Ejecutivo federal a promover la controversia constitucional. Al respecto, Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que Calderón "se burla de los poderes Legislativo y Judicial y abusa se sus atribuciones. Con esa iniciativa Calderón envía un mensaje preocupante de desdén".



El MPJD demandó a Calderón cumplir su palabra empeñada durante los diálogos públicos con el movimiento y retirar cuanto antes la controversia constitucional, obedeciendo la Constitución y publicar sin demora la ley aprobada por el Congreso.
Fuente: Jornada UNAM

viernes, 31 de agosto de 2012

OTRO ASESINO PRESO!!! VAMOS POR TODOS!

El principio del fin de la impunidad


Fátima Catán murió en agosto de 2010, en un hecho similar al que sufrió meses antes Wanda Taddei. Su familia siempre sospechó de la pareja, porque la chica era víctima de violencia familiar. El cambio de fiscal fue decisivo en la causa.

Dos años después de la muerte de Fátima Guadalupe Catán, de 24 años, la Justicia ordenó la detención de Gustavo Martín Santillán, quien era su pareja, como único imputado por “homicidio en contexto de violencia familiar”. La clave la aportó un policía, cuyo testimonio contribuyó a unir el resto de los relatos de escenas de violencia familiar reunidas en la causa: había intervenido en otras ocasiones en que Fátima había pedido ayuda para escapar de la golpiza de su pareja. “Si esto se hubiera hecho el mismo día, tal vez no hubiera habido tantas muertes de mujeres quemadas porque la sociedad se hubiera dado cuenta de que no hay impunidad”, apuntó el abogado de la familia, Gabriel Juricih. Los pasos del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, a cargo de la causa, sientan precedente, ya que no se limitó a analizar la escena del crimen –alterada–, sino que tuvo en cuenta anteriores denuncias y el pedido de detención de la querella. Esperan que el juicio oral empiece a fin de año.
“Las quemaduras más profundas las sufrió en el pecho y en la cara posterior de las manos, lo que sería un signo de defensa, mientras que en las palmas y la cara presentó quemaduras intermedias y superficiales”, describe y sostiene el informe basado en las pericias médicas con el que el fiscal de instrucción del distrito, Gerardo Loureyro, solicitó la detención de Santillán, que el juez hizo efectiva.
Con esa orden, cerca de las 22 del miércoles, efectivos de la comisaría 5ª de Villa Fiorito detuvieron al único imputado en la causa. Santillán había sido acusado por la familia de Fátima desde que se produjo la muerte de la joven, pero desde entonces siguió en libertad, con su actividad habitual. Vivía en el mismo barrio de la familia de su víctima, con quienes se cruzaba con frecuencia. “Nos mirábamos, nada más”, contó Nahuel, hermano de la joven, hundido en el dolor.
Ayer por la tarde, el acusado, de 32 años, fue sometido a declaración indagatoria en la Fiscalía Nº 7, pero no declaró. Ni siquiera se animó a repetir la versión que había dado como testigo: que Fátima estaba limpiando CD con un algodón con alcohol y que encendió un cigarrillo y el fuego se propagó por su cuerpo. Un argumento idéntico al de Eduardo Vásquez, condenado por el crimen de Wanda Taddei.
“La verdad que yo había perdido las esperanzas. Ahora, no te voy a decir que estamos bien, pero creo que pueden cambiar las cosas”, reflexionó ante Página/12 Jesús Catán, padre de la víctima.´

Las razones que expuso el juez Vitale en la orden de detención de Santillán contemplan varias cuestiones que en otros casos “no fueron tomadas en cuenta”, sostuvo Juricich. Es que la resolución se basa en hechos anteriores al día en el que Fátima entró en agonía con el 85 por ciento de su cuerpo quemado. Por ejemplo, las denuncias realizadas por ella, que aseguran que era víctima de violencia familiar, que están a disposición de la Justicia.
Esas situaciones fueron sostenidas por la familia, compañeras de trabajo del boliche lomense Poupee, vecinos y un efectivo de la Comisaría de la Familia. De esas declaraciones, los dichos del policía fueron claves, ya que había asistido a Fátima en febrero de 2010 tras una golpiza que recibió por parte de Santillán. Sus palabras fueron el hilo conductor para enhebrar los demás testimonios: todos hicieron referencia a las constantes peleas que existían en la pareja. “Era muy celoso”, aseveraron. Otro de los elementos relevantes es lo sucedido en la escena del crimen. “Desde el primer momento pensamos que el culpable era Santillán, pensaba todo el tiempo que iba a limpiar todo, entonces con el oficial nos fuimos hasta la casa y lo descubrimos limpiando todo”, relató Catán padre.
En ese punto, sus declaraciones coincidieron. De allí desaparecieron una cámara de fotos, una computadora y los DVD que podrían haber grabado la secuencia de los hechos. Con esos datos, Vitale ordenó una investigación para determinar si la familia del imputado es responsable en el encubrimiento del crimen.

Fátima, embarazada de cinco semanas, falleció el 19 de agosto de 2010. Antes de llegar a la instancia actual, el fiscal Ramón Vargot debió hacerse a un lado, a pedido de la familia, a lo que el juez Vitale hizo lugar. Vargot sostenía la carátula “averiguación de causales de muerte”, pese a que las pruebas siempre apuntaron a un homicidio.



Informe: Carla Perelló.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Campaña contra la Trata de Personas



SI SABES DE ALGUNA PERSONA EN CONDICION DE ESCLAVITUD Y TRATA
LLAMA AL
011- 5300-4014/4042 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
O
0800-555-5065 MINISTERIO DE DE SEGURIDAD

Feminicidios en Latinoamérica, el caso de Guatemala



DATOS 2010, IMPRESIONANTE NO?

ALTO-STOP