miércoles, 14 de abril de 2010

JUÁREZ, LA BARBARIE QUE NO CESA POR LA IMPUNIDAD

Mujerdejuarez
Abogados denuncian la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez

Critican la inacción del Estado frente a estos crímenes MADRID, 13 (EUROPA PRESS)


Varios abogados de las familias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, denunciaron este martes que los numerosos '"feminicidios" que se cometen en esta ciudad, clasificada como una de las más violentas del mundo, son el resultado de la impunidad y la tolerancia social que existen allí.
Los abogados mexicanos David Peña y Karla Micheel Salas, que han representado a las víctimas en el caso Campo Algodonero, señalaron además la inacción del Estado a la hora de hacer frente a estos crímenes. En este sentido, Micheel lamentó que, después de 16 años, el Gobierno "sigue negando que exista el feminicidio", como homicidio o asesinato de mujeres "por el hecho de ser mujeres".

En un acto organizado por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Peña afirmó que la impunidad lanza "un mensaje de permisividad" que, unido a la tolerancia social de la que gozan este tipo de crímenes, ha hecho que en Ciudad Juárez se matara en 2009 a 184 mujeres y que desaparecieran otras 29, aunque más bien habría que hablar de niñas, precisó, porque la mayoría son menores de edad.

Además, el año pasado se contabilizaron unos 2.200 asesinatos. El abogado destacó que esto ocurre en una ciudad de en torno a 1.200.000 habitantes, por lo que el índice de violencia es muy alto si se compara con otros lugares de México. Y pese a ello, "no hay reacción ante esta masacre", subrayó.

La tolerancia social de los feminicidios se debe a que desde principios del siglo XX se han aceptado y se han justificado en Ciudad Juárez, que se encuentra en la frontera con Estados Unidos, los distintos tipos de tráfico ilícito --de alcohol, de marihuana, etcétera-- y, en general, las prácticas ilegales, como el narcotráfico, según Peña.

"Así, en los años 90 también se aceptan los asesinatos de mujeres", prosiguió. Cuando aparece una mujer muerta, se justifica diciendo que era "mala", que era una prostituta o que traficaba con droga, afirmó Peña, que añadió que estos "prejuicios" y "estereotipos sociales" también los tienen muchos miembros del sistema policial y judicial que investigan estos crímenes.

MENOR FUERZA DEL ESTADO

Peña señaló que a medida que ha ido aumentando la tolerancia social, "la fuerza del Estado se ha ido reduciendo", de manera que tiene menos capacidad de controlar y sancionar. Y esto lo saben quienes matan a las mujeres en Ciudad Juárez, que ejercen una "violencia extrema" en sus cuerpos --que aparecen torturados, con señales de abuso sexual o mutilados--.

Esto, dijo, es "un mensaje de los grupos de poder", que manifiestan así que tienen la "complicidad" del Estado para hacer lo que hacen o bien indican que son representantes del Estado los que matan a las mujeres porque saben que saldrán impunes.

Asimismo, el abogado hizo hincapié en la cuestión de las desapariciones, cuya cifra "se pierde" entre la de los asesinatos y homicidios porque las autoridades no las consideran un delito al presuponer, por lo general, que la chica ha desaparecido voluntariamente. Por lo tanto, no se investiga.

También aparece un problema cuando las autoridades, como está ocurriendo últimamente, presentan los feminicidios como casos relacionados con la delincuencia organizada, porque entonces, aseguró Peña, "todos los derechos quedan supeditados al fin superior" de la lucha contra el crimen organizado. Significa que las partes en un juicio no pueden acceder al expediente del inculpado o conocer las acciones de la Fiscalía, así que "no se puede exigir justicia", aseveró.

Peña concluyó que el Gobierno mexicano "no ha sido capaz" de "atender íntegramente" el fenómeno de los feminicidios, ya que ni ha establecido una política de prevención ni está sancionando adecuadamente a los responsables.

Ante la eterna pregunta de quién mata a las mujeres en Ciudad Juárez, el abogado dijo que "cualquiera puede" hacerlo gracias a la impunidad que reina. Así, comentó que el perfil de los asesinos puede haber ido cambiando a lo largo de los años "por el efecto 'copycat', al ver el valor que se le da a la mujer en términos policiales", de forma que pueden ser delincuentes comunes, asesinos en serie, agentes del Estado o incluso soldados estadounidenses de un centro militar cercano, según las distintas especulaciones que se han hecho.

CASO CAMPO ALGODONERO

Micheel se refirió en concreto al caso Campo Algodonero, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el pasado noviembre al Estado mexicano en relación con la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez --aunque cinco de los cadáveres no fueron identificados a tiempo para presentar la acusación--. Esta sentencia determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones adecuadas sobre estos asesinatos cometidos en noviembre de 2001.

La abogada habló de los errores a la hora de identificar los cuerpos de las víctimas y de cómo las autoridades "encubrieron a los verdaderos responsables" y encarcelaron a dos personas a las que presentaron como culpables. Además, dijo, los abogados y las familias de las víctimas recibieron amenazas, según la CIDH, por parte del Estado.

La CIDH determinó que la violencia contra las mujeres es una "violación de los Derechos Humanos" y "un asunto de Estado", por lo que es responsabilidad del Gobierno erradicarla. Igualmente, detalló Micheel, el tribunal consideró que el de Campo Algodonero no es un caso aislado y que esto se debe a que en Ciudad Juárez "hay una cultura de violación y discriminación basada en el género".

Este órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que "la impunidad es la causa de la continuidad" de los feminicidios y que, ante la violencia de género, todos los Estados deben "enviar un mensaje a la sociedad de que estos crímenes no serán permitidos; y a las mujeres, el mensaje de que van a ser protegidas", recordó la abogada.

Micheel recalcó que aunque la CIDH no mencionó en ningún momento el término "feminicidio", sí admitió que a las mujeres las matan por motivos distintos que a los hombres, de lo que se deriva, dijo, que "a las mujeres nos matan por se mujeres" y que "estamos hablando de crímenes de odio".

Entre las obligaciones que ha impuesto la CIDH a México --cuyo cumplimiento irá evaluando anualmente durante tres años--, está la de volver a encauzar las investigaciones y castigar a los responsables de los crímenes, tanto quienes los cometieron como los funcionaros que no actuaron como debieron.

Asimismo, deberá capacitar a policías, jueces, fiscales y otros funcionarios para casos de violencia de género, crear un banco de datos nacional con las mujeres y niñas desaparecidas y emprender acciones que no tengan efectos no sólo restitutivos --para las víctimas-- sino correctivos, para que no se repitan los hechos.

ABOGADOS Y ACTIVISTAS ACOSADOS

El acto en el que intervinieron Peña y Micheel, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Demócratas (ANAD), lo organizó la Fundación del CGAE como reivindicación de los abogados como defensores de los Derechos Humanos.

Peña opinó que "la defensa de los Derechos Humanos y la abogacía" se han convertido en "profesiones de riesgo" porque "empoderan a las víctimas". Aun así, "hay que seguir exigiendo justicia para seguir avanzando", agregó.

Otra abogada mexicana, Alba Cruz, que ha trabajado sobre todo en el estado de Oaxaca, aseguró que "defender los Derechos Humanos en México es sinónimo de vulnerabilidad y riesgo" y que "el Estado ha permitido" el "hostigamiento" que sufren quienes los defensores.

Un caso que ilustra esta situación es el asesinato en Ciudad Juárez, a principios del pasado enero, de Josefina Reyes, activista social que había denunciado violaciones de los Derechos Humanos por parte del Ejército y la Policía.

JUÁREZ SE REPITE EN GUATEMALA/La ola de 'feminicidios' de Ciudad Juárez se extiende por Centroamérica

WALDA BARRIOS-KLEE Activista a favor de la mujer en Guatemala
La ola de 'feminicidios' de Ciudad Juárez se extiende por Centroamérica

ANNA-MARIA HOLLAIN - Madrid -ELPAIS



Sólo durante 2009, en Guatemala fueron asesinadas 847 mujeres. En los últimos 10 años, han muerto de manera violenta 5.027 guatemaltecas. Y en lo que va de año, ya suman 160. No se trata de violencia doméstica a puerta cerrada, sino de mujeres que son torturadas y asesinadas en lugares públicos, casi siempre por desconocidos. Walda Barrios-Klee (1951, Ciudad de Guatemala), consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, constata una realidad preocupante en una entrevista concedida a EL PAÍS en el marco de un seminario internacional sobre feminicidios en Guatemala y México, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. "¿Por qué fue famoso el caso de Ciudad Juárez? Porque allí empezaron. Pero de allí comienza a pasar en toda Centroamérica y en toda la región. Ya es una patología social", asegura.


Desde 2008, la legislación del país centroamericano reconoce el delito del feminicidio: el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia. "Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno", resalta Barrios.

Otro factor distintivo es la brutalidad empleada antes y después de la muerte de la víctima. "No se mata únicamente, sino que se persigue todo un ritual en el asesinato: tortura, mutilación y violación. Hay violación siempre, acompañada por un sadismo excesivo", precisa. Los cadáveres aparecen a menudo descuartizados, con las uñas arrancadas y la cara desfigurada.

La consejera, que fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala en 2007, subraya que la ley contra los feminicidios "ha servido para que aumenten las denuncias ?porque las mujeres pierden un poco el miedo?, pero no la penalización". Y tampoco ha conseguido frenar las agresiones. "La ley fue aprobada en marzo de 2008. Y en marzo de 2009, en lugar de bajar, aumentaron los crímenes".

Para Barrios, se trata de un fallo institucional. "La ley es una contribución al cambio cultural. No obstante, si el sistema de justicia no funciona bien, aunque haya ley, las cosas no van a cambiar mucho".

El llamado triángulo de la violencia [Guatemala, El Salvador y Honduras, según la descripción acuñada por Naciones Unidas, ya que tienen las tasas de feminicidios más altas de la región] ilustra un problema que va más allá de los conflictos armados, que acecharon en el pasado a El Salvador y Guatemala, y en los que la violación se usó como arma de guerra.

El primer puesto respecto al asesinato de mujeres, en los últimos años, lo solía ocupar Guatemala. "Ahora, Honduras tiene el primero, El Salvador el segundo, y Guatemala el tercero", afirma la defensora de los derechos de las mujeres. Y explica que esta situación se da no porque haya bajado la cifra en Guatemala, sino porque ha subido en Honduras.

"¿Qué tienen en común Guatemala y El Salvador? Las guerras internas. Honduras, no. Pero Honduras salta después del golpe de Estado. Es lo que cambia la situación allí. El problema tiene que ver con el papel del Estado y el debilitamiento de las estructuras estatales, algo que afecta a toda América Latina", añade la activista.

Es cierto que en el caso particular de Guatemala pesa también la herencia de una guerra fratricida de casi cuatro décadas, ?el acuerdo de paz se firmó en 1996?, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, sin que se haya juzgado jamás a los verdugos. "Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Toda la estructura estatal quedó en manos de gente que tenía esa mentalidad del enemigo interno, que así se llamaba a la gente que quería una Guatemala distinta. Eso no se desmontó con la firma de la paz. La estructura del Estado quedó como era, con las mismas personas de la guerra. Por eso, no piensan en la justicia", explica Barrios.

A ese clima de impunidad generalizada se une un cambio de perspectiva. Ahora, las mujeres encarnan al enemigo interno, sostiene la activista, "porque empezamos a salir a la calle, a trabajar, a ser autónomas, a tener ingresos propios, a reivindicar espacios públicos y cuotas de poder. A medida que hay más participación política y más mujeres buscando cargos públicos, hay más asesinatos. El mensaje social parece ser que la mujer que sale de casa corre más peligro que la que se queda encerrada, aunque esto sea un mito. Porque incluso los maridos que te golpean y pegan en las casas no te matan como te matan en la calle. Es una forma de terrorismo".

NO PODEMOS TENER UNA LEY DE MEDIOS DE LA DICTADURA


ADUBA participará de la marcha contra la suspensión de la Ley de Medios


La Asociación Docente de la UBA quiere expresar su apoyo a la movilización que se realizará el próximo jueves 15 de abril a las 19 hs. en rechazo a la suspensión de la Ley de Medios, dispuesta por una orden judicial de la Cámara Federal de Mendoza.

El Gremio marchará junto a otras organizaciones sindicales, civiles y políticas en lo que será una multitudinaria movilización, que partirá desde el Congreso y se dirigirá hasta el Palacio de Tribunales.

Los manifestantes abrazarán la sede de los Tribunales y realizarán un acto al que se sumarán personalidades representativas de distintos sectores y fijarán su postura ante la mencionada resolución judicial.

La convocatoria será presentada en conferencia de prensa el próximo martes a las 13 en la Asociación Argentina de Actores, Alsina 1762, ciudad de Buenos Aires.



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lunes, 5 de abril de 2010

JUÁREZ, LA SEGURIDAD PUBLICA PUEDE AGRAVARSE EN LAS ELECCIONES ESTATALES DE JULIO

mujerdejuarez
La crisis de seguridad pública de Ciudad Juárez puede agravarse por las elecciones estatales
La crisis de seguridad pública de Ciudad Juárez puede agravarse por las elecciones estatales de julio próximo, pues ya se ve que el relevo de gobernador abre un espacio de indefinición de autoridades, que beneficia al crimen organizado, advirtió la presidenta de la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui (PRD).

Propuso que las fuerzas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, hagan a un lado el encono de la lucha electoral y lleguen a un acuerdo por la seguridad pública.

Dijo que los ataques mortales a personal del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez representa uno de los desafíos más grandes que hayan declarado las mafias al gobierno mexicano.

A los estadounidenses, la legisladora que es integrante de la Comisión de Seguridad Pública, sugirió que ataquen de manera decidida al narcotráfico en su territorio, como no lo han hecho hasta ahora, con investigaciones de lavado de dinero.

Más que presionar a México por el episodio de los asesinatos de personal del Consulado, Washington debe robustecer la colaboración con las autoridades mexicanas y ofrecer resultados en su propio espacio.

A su vez, Nazario Norberto Sánchez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, repudió los propósitos de que agentes del FBI entren a México a investigar y perseguir presuntos culpables de los asesinatos del sábado 13 de marzo.

La diputada Incháustegui observó que los problemas de seguridad pública en Ciudad Juárez se han profundizado, pese a la presencia del presidente Felipe Calderón en la plaza, porque las acciones que se emprenden en nada son diferentes a las que se aplican en otras partes de la república, que no están bajo el fuego den narcotráfico.

Las medidas aplicadas, “no van a recomponer el tejidos social”, y propuso que se aplique un programa especial para la población juarense, para superar la inseguridad, el dolor por la ola criminal y por la “desafiliación social”, de miles de personas que allí carecen de oportunidades desde hace décadas.

El momento en Ciudad Juárez, agregó Incháustegui, no es de compromisos, sino de resultados, en un escenario muy complicado en el que las mafias se expanden mientras que los políticos van por el triunfo en las urnas y nada más.

Por su lado, Nazario Norberto Sánchez protestó por la eventual intervención del FBI en el caso del Consulado:

“Esto es inaceptable; si los encargados de la seguridad nacional no pueden prevenir el crimen y proteger a la población, que renuncien”.

LA FALANGE NO HA MUERTO EN LOS DISCURSOS



viernes, 2 de abril de 2010

redigualdad

SEMINARIO: ABORTO CON MISOPROSTOL

Agradecemos mucho la difusión

SEMINARIO: ABORTO CON MISOPROSTOL
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD


21 de abril, de 10 a 18 hs, Salón del Consejo, Facultad de Medicina, UBA.

En Argentina hay un aborto clandestino por minuto. Las mujeres superamos los peligros de la prohibición usando misoprostol para abortar de manera segura. Estas decisiones ya tomadas imponen nuevos desafíos a los equipos de atención primaria de la salud, porque las mujeres podemos requerir información y atención médica antes, durante y después de un aborto con misoprostol.
Las y los responsables de diversos hospitales públicos han admitido que el uso de este medicamento baja la mortalidad de las por lo menos 500.000 mujeres que abortan cada año. El uso de misoprostol no solo reduce la mortalidad sino también los riesgos para la salud, y con ello la necesidad de atención por complicaciones post aborto. Es una solución de alta calidad frente a los altos costos y necesidad de especializació n requeridos por otros métodos de aborto y de atención post aborto. Por todo esto y más el misoprostol es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud, que debe estar disponible gratuitamente (Comité DESC –ONU, Observación General nro. 14)
El objetivo de quienes convocamos este Seminario es garantizar los derechos humanos que las mujeres tenemos frente al sistema de salud. El misoprostol permite a los equipos de atención primaria de la salud garantizar el acceso a la medicina a las mujeres que abortan o piensan en abortar. Las mujeres venimos usando misoprostol para abortar de manera segura desde hace ya por lo menos 30 años. La medicina ha recogido nuestro conocimiento y lo ha respaldado con numerosos estudios. Quienes organizamos este Seminario asumimos el desafío de compartir este conocimiento y despejar las dudas y mitos que rodean el aborto con misoprostol.

Convocamos:
Lesbianas y feministas por la Descriminalizació n del Aborto (LyFxDA)
Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipo de Salud (AMeGES)
Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos Facultad de medicina –UBA
Médicos del Mundo - Argentina

Auspiciamos:
CTA - Secretaría de Derechos Humanos - Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades - CTA Nacional
Federación Argentina de Medicina General (FAMG)
Asociación Sindical de profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)
Corriente Nacional de Salud “Salvador Mazza”
Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
El Ágora – Asociación Civil sin fines de lucro
Mujeres al Oeste
APDH - La Matanza


Para mayor información

www.informacionabor to.blogspot. com
http://www.abortoco nmisoprostol. blogspot. com/


Teléfono de prensa: 011 156 569 4166