La Justicia Italiana aseguró hoy que está "ampliamente probada la responsabilidad" de cinco ex militares argentinos en la muerte de tres ciudadano italianos desaparecidos durante la última dictadura. Así figura en los argumentos del fallo que en marzo condenó a los represores a cadena perpetua. Se trata de cinco ex militares de la Armada que actuaron en la órbita de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio 
Febres y Antonio Vanek, imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro. Según informó la agencia ANSA, la Corte de Apelaciones de Roma estableció que "es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados" en esas muertes, incluso porque "en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina". Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactadas por la Corte presidida por Mario Lucio D'Andria que en marzo emitió la condena a cadena perpetua contra los represores. Astiz, quien se encuentra detenido y procesado en la Argentina por varias causas por violaciones a los derechos humanos, ya había sido condenado a perpetua en 1990 por la Justicia de Francia en el caso de las dos monjas francesas. Una de las víctimas, Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, los otros dos italoargentinos Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires. Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada -por Abuelas de Plaza de Mayo- bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez. Si bien el matrimonio admitió ante la justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.
Febres y Antonio Vanek, imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro. Según informó la agencia ANSA, la Corte de Apelaciones de Roma estableció que "es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados" en esas muertes, incluso porque "en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina". Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactadas por la Corte presidida por Mario Lucio D'Andria que en marzo emitió la condena a cadena perpetua contra los represores. Astiz, quien se encuentra detenido y procesado en la Argentina por varias causas por violaciones a los derechos humanos, ya había sido condenado a perpetua en 1990 por la Justicia de Francia en el caso de las dos monjas francesas. Una de las víctimas, Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, los otros dos italoargentinos Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires. Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada -por Abuelas de Plaza de Mayo- bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez. Si bien el matrimonio admitió ante la justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.Fuente: Clarín
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