La incubadora
Es el caso de la joven entrerriana cuya familia reclama el aborto. “Por qué la vamos a privar de tener ese bebé”, argumentó la defensora del “no nacido”. Página/12 reconstruyó la trama judicial que le está negando a la chica un derecho previsto en la ley. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres estudian pedir un jury a la jueza y a la defensora.
Es el caso de la joven entrerriana cuya familia reclama el aborto. “Por qué la vamos a privar de tener ese bebé”, argumentó la defensora del “no nacido”. Página/12 reconstruyó la trama judicial que le está negando a la chica un derecho previsto en la ley. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres estudian pedir un jury a la jueza y a la defensora.
Por Mariana Carbajaldesde Paraná, Entre Ríos en Página12
La Justicia entrerriana parece empecinada en impedir que la adolescente MFC, que sufre una discapacidad mental severa y fue violada, pueda acceder a un aborto no punible, un derecho contemplado en el Código Penal. En una medida insólita, la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón le asignó la guarda provisoria del feto en gestación al Consejo Provincial del Menor y le ordenó que acompañe a la joven y al “por nacer” en “acciones positivas”. La resolución fue dictada a partir de un pedido de la defensora oficial del “no nacido”, Marcela Piterson, para quien la muchachita de 19 años, que apenas balbucea y tiene dificultades para controlar esfínteres, no es más que una incubadora. “Ella cree que va a tener un hermanito. ¿Por qué la vamos a privar de tener ese bebé? Si no sufre. Y además, al bebé lo pueden criar entre sus hermanas y hermanos”, consideró Piterson ante Página/12. Mientras tanto, la Iglesia Católica puso en marcha sus mecanismos de seducción para que la mamá de la adolescente desista del aborto: en los últimos días un cura fue hasta la humilde casa de la familia, en el barrio Humito, para ofrecerle comida y tratar de convencerla de que dé en adopción a la criatura. “Yo no vendo a mi hija por mercadería. Yo recorrí cielo y tierra porque quiero justicia”, le espetó la madre, Marta Gauna, y le devolvió los comestibles. Ayer, organizaciones de todo el país de mujeres, de derechos humanos y académicas respaldaron al reclamo del aborto y exigieron que la Justicia levante la prohibición de practicarlo que rige para todos los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos, bajo advertencia de iniciarle jury a los funcionarios judiciales que están obstaculizando la práctica médica. “Por cada hora que la Justicia demora en resolver un error, en el que ha incurrido, se expone a la joven a un mayor riesgo de vida”, señalaron en una conferencia de prensa convocada en la Cámara de Diputados provincial (ver aparte).
Hace semanas que MCF no se ríe. “Anda con la cabeza para abajo”, cuenta su mamá, de 42 años. Y así se la veía ayer por los pasillos del Hospital San Roque, con la mirada clavada en el piso. Afuera, el cielo diáfano auguraba un día primaveral. La muchachita habla con monosílabos que cuesta entender a quienes no la tratan habitualmente. Se la ve nerviosa: no deja de comerse las uñas. “Ya ni quiere escuchar música y bailar, que es lo que más le gusta”, dice Marta, con tristeza. MCF es la cuarta de sus once hijos. Sospechan que abusó de ella un familiar cercano, que vive enfrente de su casa, en el humilde barrio Humito, en las afueras de la ciudad.
Ayer MCF y su mamá amanecieron en Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná. La jovencita quedó internada el lunes en una sala de “Alto Riesgo” del servicio de Obstetricia, donde pasó la noche con otras siete embarazadas, de panzas prominentes y cuadros diversos, muy distintos al suyo. El Consejo Provincial del Menor, que tiene la guarda provisoria de MCF y del “por nacer”, dispuso que le realicen una serie de estudios médicos. Ayer le hicieron dos ecografías que establecieron que la edad gestacional del embarazo es de entre 16 semanas y media y 17, confirmó a Página/12 la presidenta del Consejo del Menor, Dora Jávega.
“Quiero que se vaya de acá con el aborto hecho porque a ella la abusaron. Mi hija no lo buscó. El que le hizo esto es un degenerado”, decía Marta. Hoy se cumplen tres semanas desde que el 15 de agosto pidió en ese mismo hospital la interrupción del embarazo, no punible según el artículo 86 inciso 2º del Código Penal para casos como el de MCF, es decir, cuando la gestación “proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. El mismo planteo lo repitió ese día, cuando denunció el abuso sexual que sufrió su hija ante la fiscal Nº 2 de Paraná, Cecilia Bértora, porque el jefe de Obstetricia Hugo Armando Catti le exigió la denuncia para practicarle el aborto a su hija. Pero el día que tenía el turno asignado para la intervención, el 27 de agosto, llegó la orden de la jueza Salomón que prohibió el aborto no sólo en el San Roque sino en todo el territorio provincial: en su resolución la magistrada ordenó notificar a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y al Círculo Médico de Paraná para que todos los “nosocomios privados” sean informados de la medida que impide interrumpir el embarazo de MCF.
Resulta llamativo que entre el jueves y el viernes anterior a que llegue el oficio al hospital con la notificación de la resolución judicial, la defensora Piterson se comunicara personalmente con Catti para advertirle que la prohibición era inminente, según informó el propio jefe de Obstetricia a Página/12. “La doctora Piterson me llama y me avisa que me va a llegar el oficio”, reveló el médico. Mañana es probable que el Comité de Bioética del San Roque analice el caso: entre sus integrantes hay un cura. Pero Catti dijo que “cada día que pasa se torna más improbable el aborto”.
La Justicia entrerriana parece empecinada en impedir que la adolescente MFC, que sufre una discapacidad mental severa y fue violada, pueda acceder a un aborto no punible, un derecho contemplado en el Código Penal. En una medida insólita, la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón le asignó la guarda provisoria del feto en gestación al Consejo Provincial del Menor y le ordenó que acompañe a la joven y al “por nacer” en “acciones positivas”. La resolución fue dictada a partir de un pedido de la defensora oficial del “no nacido”, Marcela Piterson, para quien la muchachita de 19 años, que apenas balbucea y tiene dificultades para controlar esfínteres, no es más que una incubadora. “Ella cree que va a tener un hermanito. ¿Por qué la vamos a privar de tener ese bebé? Si no sufre. Y además, al bebé lo pueden criar entre sus hermanas y hermanos”, consideró Piterson ante Página/12. Mientras tanto, la Iglesia Católica puso en marcha sus mecanismos de seducción para que la mamá de la adolescente desista del aborto: en los últimos días un cura fue hasta la humilde casa de la familia, en el barrio Humito, para ofrecerle comida y tratar de convencerla de que dé en adopción a la criatura. “Yo no vendo a mi hija por mercadería. Yo recorrí cielo y tierra porque quiero justicia”, le espetó la madre, Marta Gauna, y le devolvió los comestibles. Ayer, organizaciones de todo el país de mujeres, de derechos humanos y académicas respaldaron al reclamo del aborto y exigieron que la Justicia levante la prohibición de practicarlo que rige para todos los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos, bajo advertencia de iniciarle jury a los funcionarios judiciales que están obstaculizando la práctica médica. “Por cada hora que la Justicia demora en resolver un error, en el que ha incurrido, se expone a la joven a un mayor riesgo de vida”, señalaron en una conferencia de prensa convocada en la Cámara de Diputados provincial (ver aparte).
Hace semanas que MCF no se ríe. “Anda con la cabeza para abajo”, cuenta su mamá, de 42 años. Y así se la veía ayer por los pasillos del Hospital San Roque, con la mirada clavada en el piso. Afuera, el cielo diáfano auguraba un día primaveral. La muchachita habla con monosílabos que cuesta entender a quienes no la tratan habitualmente. Se la ve nerviosa: no deja de comerse las uñas. “Ya ni quiere escuchar música y bailar, que es lo que más le gusta”, dice Marta, con tristeza. MCF es la cuarta de sus once hijos. Sospechan que abusó de ella un familiar cercano, que vive enfrente de su casa, en el humilde barrio Humito, en las afueras de la ciudad.
Ayer MCF y su mamá amanecieron en Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná. La jovencita quedó internada el lunes en una sala de “Alto Riesgo” del servicio de Obstetricia, donde pasó la noche con otras siete embarazadas, de panzas prominentes y cuadros diversos, muy distintos al suyo. El Consejo Provincial del Menor, que tiene la guarda provisoria de MCF y del “por nacer”, dispuso que le realicen una serie de estudios médicos. Ayer le hicieron dos ecografías que establecieron que la edad gestacional del embarazo es de entre 16 semanas y media y 17, confirmó a Página/12 la presidenta del Consejo del Menor, Dora Jávega.
“Quiero que se vaya de acá con el aborto hecho porque a ella la abusaron. Mi hija no lo buscó. El que le hizo esto es un degenerado”, decía Marta. Hoy se cumplen tres semanas desde que el 15 de agosto pidió en ese mismo hospital la interrupción del embarazo, no punible según el artículo 86 inciso 2º del Código Penal para casos como el de MCF, es decir, cuando la gestación “proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. El mismo planteo lo repitió ese día, cuando denunció el abuso sexual que sufrió su hija ante la fiscal Nº 2 de Paraná, Cecilia Bértora, porque el jefe de Obstetricia Hugo Armando Catti le exigió la denuncia para practicarle el aborto a su hija. Pero el día que tenía el turno asignado para la intervención, el 27 de agosto, llegó la orden de la jueza Salomón que prohibió el aborto no sólo en el San Roque sino en todo el territorio provincial: en su resolución la magistrada ordenó notificar a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y al Círculo Médico de Paraná para que todos los “nosocomios privados” sean informados de la medida que impide interrumpir el embarazo de MCF.
Resulta llamativo que entre el jueves y el viernes anterior a que llegue el oficio al hospital con la notificación de la resolución judicial, la defensora Piterson se comunicara personalmente con Catti para advertirle que la prohibición era inminente, según informó el propio jefe de Obstetricia a Página/12. “La doctora Piterson me llama y me avisa que me va a llegar el oficio”, reveló el médico. Mañana es probable que el Comité de Bioética del San Roque analice el caso: entre sus integrantes hay un cura. Pero Catti dijo que “cada día que pasa se torna más improbable el aborto”.
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