EMPEZO EL PRIMER JUICIO ORAL POR CRIMENES COMETIDOS EN LA ESMA
A la espera de Astiz y compañía
Los querellantes se quejaron porque hay sólo un acusado que será juzgado por cuatro casos de torturas cuando se trata de un centro clandestino por el que pasaron más de cinco mil personas. El mismo represor advirtió que estaba procesado por más de 300 hechos. No prosperó un reclamo para que sea trasladado a una cárcel común y seguirá preso en una sede de Prefectura.
Subnotas
Sin rastros de Julio López
El Estado hace un mea culpa
Desmembrar
Por Victoria Ginzberg en Página12
Entró en la sala caminando lento, casi tambaleándose y se acomodó en la silla. No llevaba esposas. Tres minutos después empezó el juicio en su contra. El prefecto Héctor Antonio Febres estuvo todo el día con la cabeza baja, por momentos hasta parecía dormido. Pero, cada tanto, movía las manos para acomodarse los anteojos o para rascarse la cabeza. Después de escuchar durante varias horas las acusaciones en su contra que fueron leídas en la audiencia, el represor se levantó y se dirigió al sitio reservado para los testigos. “El Gordo Daniel” o “Selva” llevó un papel que puso sobre el escritorio, pero se negó a declarar. Sólo dijo unas pocas frases para desmentir un testimonio que él mismo había hecho, en el que admitía haber sido parte del grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. En cambio, reivindicó un escrito que presentó para oponerse a la realización del juicio. Allí se quejaba porque lo juzgaban por cuatro hechos cuando estaba procesado por más de 300.
El juicio contra Febres, que comenzó ayer, es el primero después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida sobre los crímenes de la ESMA. Febres no es marino, sino miembro de la Prefectura Naval. De hecho, fue el “enlace” entre esa fuerza y el grupo de tareas que dirigía el represor Jorge “El Tigre” Acosta y respondía al dictador Emilio Eduardo Massera.
“De ninguna manera ratifico las declaraciones ante el tribunal militar. Sí ratifico la presentación que hizo mi abogado el 5 del corriente”, fue casi todo lo que dijo el acusado. En el testimonio que trataba de invalidar, él mismo admitió, en 1984, que había sido enviado de la Prefectura en el centro clandestino de detención de la Marina. Incluso reconoció haber participado en “operativos” cuando “era necesario por su envergadura”. El nuevo escrito al que se refirió, en cambio, era una crítica hacia el juicio: se quejaba porque no juzgaban a miembros de la Armada y, curiosamente, porque en este proceso sólo lo acusaban por cuatro hechos mientras estaba procesado por 300.
El reproche de Febres es, en realidad, el mismo que la fiscalía y las querellas habían planteado desde que se anunció la realización de este juicio y que repitieron ayer, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. Es que el prefecto llegó al juicio solo y acusado de cuatro casos de torturas: los de Carlos Lordkipanidse, Carlos Alberto García, Julio Margari y Josefa Prada de Oliveri, que estaba embarazada de cuatro meses al ser secuestrada. Otros diez miembros del grupo de tareas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, aún no llegaron a juicio porque, entre otras cosas, un recurso que presentaron estuvo trabado durante cuatro años en la Cámara de Casación. La semana pasada, la Corte Suprema dispuso que ese asunto se resuelva “con urgencia”.
“Esto me indigna. No es posible que el primer juicio sobre la ESMA sea con una persona que no es marino y por tan pocos hechos. Más de cinco mil compañeros pasaron por ahí y hace veinte años que estamos denunciando a los represores”, dijo Lordkipanidse durante un cuatro intermedio en la puerta de los tribunales de Retiro.
La fiscal Mirna Goransky había pedido directamente la suspensión del juicio y llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo, que finalmente no prosperó. El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, en cambio, prefería que el proceso se lleve a cabo porque, señaló, de otra forma había que esperar dos años más hasta poder hacer otro. De cualquier manera, dentro de la sala, Yanzón les planteó a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado que debían “arbitrar los medios necesarios para que éste sea el último juicio tan flaco”. “La Corte debería hacer algo para unificar y acumular las actuaciones”, señaló. También pidió que el acusado sea llevado hasta su silla con esposas, pero el defensor oficial Víctor Valle aclaró que Febres sólo volverá a presenciar las audiencias cuando sea obligatorio, es decir, en el momento de los alegatos.
La fiscalía también hizo su pedido. Solicitó una ampliación de un peritaje realizado sobre el legajo personal de Febres. Según un primer estudio, el documento fue adulterado para camuflar el paso del represor por la ESMA.
A su turno, la abogada Myriam Bregman, de Justicia Ya! reclamó que se cambie el lugar de detención de Febres, actualmente preso en Prefectura de Tigre, zona Delta y que no sea asistido por miembros de la Prefectura sino del Servicio Penitenciario. “Los delitos de lesa humanidad por los que está acusado no ameritan que goce de semejante privilegio. Queremos que sea alojado en una dependencia común”, dijo. El tribunal no hizo lugar al reclamo que había sido fundamentado, además, en que el antecedente de la desaparición de Jorge Julio López ameritaba reforzar las medidas de seguridad para los testigos. El juez Gordo respondió que se había dado intervención a la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.
López también se hizo presente en prendedores que llevaban algunos de los asistentes al juicio, en el que pedían su “aparición con vida”. Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, se peleó con un policía para que dejaran que lo use dentro de la sala. Entre el público estaban la ex diputada Patricia Walsh y el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Ma-ttarollo y Luis Alén, jefe de gabinete de ese organismo.
En la puerta de los tribunales, miembros de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) reclamaban que el represor diga dónde están los niños desaparecidos. “Febres entregador”, decían los carteles. Al lado estaban las fotos de doce mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina de la ESMA. Febres, según indican los testimonios de los sobrevivientes, era el encargado de las embarazadas secuestradas y de los niños que nacían y luego eran apropiados.
Lordkipanidse fue el único de los querellantes que estuvo en la primera audiencia. Volvió a ver a Febres después de casi treinta años. “Igual de gordo”, describió. El prefecto estuvo en la sesión de tortura con la que lo “recibieron” en la ESMA. “Si no hablás reviento a tu hijo contra la pared”, le dijo allí otro de los miembros de la patota mientras tenía colgado al bebé de una pierna. El niño recibió luego descargas eléctricas.
A la espera de Astiz y compañía
Los querellantes se quejaron porque hay sólo un acusado que será juzgado por cuatro casos de torturas cuando se trata de un centro clandestino por el que pasaron más de cinco mil personas. El mismo represor advirtió que estaba procesado por más de 300 hechos. No prosperó un reclamo para que sea trasladado a una cárcel común y seguirá preso en una sede de Prefectura.
Subnotas
Sin rastros de Julio López
El Estado hace un mea culpa
Desmembrar
Por Victoria Ginzberg en Página12
Entró en la sala caminando lento, casi tambaleándose y se acomodó en la silla. No llevaba esposas. Tres minutos después empezó el juicio en su contra. El prefecto Héctor Antonio Febres estuvo todo el día con la cabeza baja, por momentos hasta parecía dormido. Pero, cada tanto, movía las manos para acomodarse los anteojos o para rascarse la cabeza. Después de escuchar durante varias horas las acusaciones en su contra que fueron leídas en la audiencia, el represor se levantó y se dirigió al sitio reservado para los testigos. “El Gordo Daniel” o “Selva” llevó un papel que puso sobre el escritorio, pero se negó a declarar. Sólo dijo unas pocas frases para desmentir un testimonio que él mismo había hecho, en el que admitía haber sido parte del grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. En cambio, reivindicó un escrito que presentó para oponerse a la realización del juicio. Allí se quejaba porque lo juzgaban por cuatro hechos cuando estaba procesado por más de 300.
El juicio contra Febres, que comenzó ayer, es el primero después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida sobre los crímenes de la ESMA. Febres no es marino, sino miembro de la Prefectura Naval. De hecho, fue el “enlace” entre esa fuerza y el grupo de tareas que dirigía el represor Jorge “El Tigre” Acosta y respondía al dictador Emilio Eduardo Massera.
“De ninguna manera ratifico las declaraciones ante el tribunal militar. Sí ratifico la presentación que hizo mi abogado el 5 del corriente”, fue casi todo lo que dijo el acusado. En el testimonio que trataba de invalidar, él mismo admitió, en 1984, que había sido enviado de la Prefectura en el centro clandestino de detención de la Marina. Incluso reconoció haber participado en “operativos” cuando “era necesario por su envergadura”. El nuevo escrito al que se refirió, en cambio, era una crítica hacia el juicio: se quejaba porque no juzgaban a miembros de la Armada y, curiosamente, porque en este proceso sólo lo acusaban por cuatro hechos mientras estaba procesado por 300.
El reproche de Febres es, en realidad, el mismo que la fiscalía y las querellas habían planteado desde que se anunció la realización de este juicio y que repitieron ayer, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. Es que el prefecto llegó al juicio solo y acusado de cuatro casos de torturas: los de Carlos Lordkipanidse, Carlos Alberto García, Julio Margari y Josefa Prada de Oliveri, que estaba embarazada de cuatro meses al ser secuestrada. Otros diez miembros del grupo de tareas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, aún no llegaron a juicio porque, entre otras cosas, un recurso que presentaron estuvo trabado durante cuatro años en la Cámara de Casación. La semana pasada, la Corte Suprema dispuso que ese asunto se resuelva “con urgencia”.
“Esto me indigna. No es posible que el primer juicio sobre la ESMA sea con una persona que no es marino y por tan pocos hechos. Más de cinco mil compañeros pasaron por ahí y hace veinte años que estamos denunciando a los represores”, dijo Lordkipanidse durante un cuatro intermedio en la puerta de los tribunales de Retiro.
La fiscal Mirna Goransky había pedido directamente la suspensión del juicio y llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo, que finalmente no prosperó. El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, en cambio, prefería que el proceso se lleve a cabo porque, señaló, de otra forma había que esperar dos años más hasta poder hacer otro. De cualquier manera, dentro de la sala, Yanzón les planteó a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado que debían “arbitrar los medios necesarios para que éste sea el último juicio tan flaco”. “La Corte debería hacer algo para unificar y acumular las actuaciones”, señaló. También pidió que el acusado sea llevado hasta su silla con esposas, pero el defensor oficial Víctor Valle aclaró que Febres sólo volverá a presenciar las audiencias cuando sea obligatorio, es decir, en el momento de los alegatos.
La fiscalía también hizo su pedido. Solicitó una ampliación de un peritaje realizado sobre el legajo personal de Febres. Según un primer estudio, el documento fue adulterado para camuflar el paso del represor por la ESMA.
A su turno, la abogada Myriam Bregman, de Justicia Ya! reclamó que se cambie el lugar de detención de Febres, actualmente preso en Prefectura de Tigre, zona Delta y que no sea asistido por miembros de la Prefectura sino del Servicio Penitenciario. “Los delitos de lesa humanidad por los que está acusado no ameritan que goce de semejante privilegio. Queremos que sea alojado en una dependencia común”, dijo. El tribunal no hizo lugar al reclamo que había sido fundamentado, además, en que el antecedente de la desaparición de Jorge Julio López ameritaba reforzar las medidas de seguridad para los testigos. El juez Gordo respondió que se había dado intervención a la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.
López también se hizo presente en prendedores que llevaban algunos de los asistentes al juicio, en el que pedían su “aparición con vida”. Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, se peleó con un policía para que dejaran que lo use dentro de la sala. Entre el público estaban la ex diputada Patricia Walsh y el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Ma-ttarollo y Luis Alén, jefe de gabinete de ese organismo.
En la puerta de los tribunales, miembros de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) reclamaban que el represor diga dónde están los niños desaparecidos. “Febres entregador”, decían los carteles. Al lado estaban las fotos de doce mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina de la ESMA. Febres, según indican los testimonios de los sobrevivientes, era el encargado de las embarazadas secuestradas y de los niños que nacían y luego eran apropiados.
Lordkipanidse fue el único de los querellantes que estuvo en la primera audiencia. Volvió a ver a Febres después de casi treinta años. “Igual de gordo”, describió. El prefecto estuvo en la sesión de tortura con la que lo “recibieron” en la ESMA. “Si no hablás reviento a tu hijo contra la pared”, le dijo allí otro de los miembros de la patota mientras tenía colgado al bebé de una pierna. El niño recibió luego descargas eléctricas.
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