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Brasil: Acción del Ministerio Público contra el MST es política
Tatiana Merlino
ALAI AMLATINA, 26/06/2008, Sao Paulo.- La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un informe la “disolución” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la “declaración de su ilegalidad” no tiene consistencia jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es política y no judicial.
Según el jurista Dalmo Dallari, profesor de derecho de la Universidad de São Paulo (USP), “es sorprendente que el Consejo Superior del MP haya aprobado una propuesta de esas. El aspecto jurídico fue completamente olvidado”, señala. . En el documento del MPE, el funcionario Gilberto Thums afirma: “Voto también en el sentido de que se tomen las siguientes medidas admisibles: 1 – Con vista a la suspensión de las marchas, columnas u otros desplazamientos masivos de los sin-tierra....”.
Derecho constitucional
Para Dalmo Dallari, la afirmación de Thums no tiene sustento jurídico, “porque los integrantes del MST tienen el derecho de locomoción garantizado por la Constitución”. Según él, el Movimiento es “la agrupación de personas en el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación de opinión”.
El informe del Ministerio Público sirvió de base para ocho acciones judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas, autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos.
Romper la espina
Uno de los párrafos del informe que más llama la atención es el que afirma: "Cabe al MP-RS actuar ahora: romper la espina dorsal del MST. EL momento es histórico en el país y se constituye en el mayor desafío presentado a la institución en el periodo post 1988: la defensa de la democracia".
Para el profesor de derecho de la USP, tales palabras demuestran el tenor de un manifiesto político, no de un documento jurídico. “Esa terminología de 'romper la espina' no tiene nada de jurídico, es lamentable. Esas palabras representan la negación de la democracia, son una demostración de intolerancia política”, expresa Dallari.
Tatiana Merlino
ALAI AMLATINA, 26/06/2008, Sao Paulo.- La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un informe la “disolución” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la “declaración de su ilegalidad” no tiene consistencia jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es política y no judicial.
Según el jurista Dalmo Dallari, profesor de derecho de la Universidad de São Paulo (USP), “es sorprendente que el Consejo Superior del MP haya aprobado una propuesta de esas. El aspecto jurídico fue completamente olvidado”, señala. . En el documento del MPE, el funcionario Gilberto Thums afirma: “Voto también en el sentido de que se tomen las siguientes medidas admisibles: 1 – Con vista a la suspensión de las marchas, columnas u otros desplazamientos masivos de los sin-tierra....”.
Derecho constitucional
Para Dalmo Dallari, la afirmación de Thums no tiene sustento jurídico, “porque los integrantes del MST tienen el derecho de locomoción garantizado por la Constitución”. Según él, el Movimiento es “la agrupación de personas en el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación de opinión”.
El informe del Ministerio Público sirvió de base para ocho acciones judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas, autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos.
Romper la espina
Uno de los párrafos del informe que más llama la atención es el que afirma: "Cabe al MP-RS actuar ahora: romper la espina dorsal del MST. EL momento es histórico en el país y se constituye en el mayor desafío presentado a la institución en el periodo post 1988: la defensa de la democracia".
Para el profesor de derecho de la USP, tales palabras demuestran el tenor de un manifiesto político, no de un documento jurídico. “Esa terminología de 'romper la espina' no tiene nada de jurídico, es lamentable. Esas palabras representan la negación de la democracia, son una demostración de intolerancia política”, expresa Dallari.
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