JUÁREZ: ¿la justicia para cuándo?

Feminicidio, víctimas y delitos

Las chicanadas de la PGR

Servando Pineda Jaimes en Nuestras hijas de regreso a casa

Con el sigilo propio de una caja negra, más que de la caja de cristal que se pregona en los tiempos de transparencia, la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra a un paso de torcer la ley en el proceso que en breve iniciará, de compensar económicamente a las familias víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, por el daño sufrido al haberles asesinado a una de sus integrantes.

Nada tendría que objetarse a tan noble acción, a no ser por la forma en que pretende hacerlo la PGR, que ha optado por hacer caso omiso a las disposiciones marcadas por la ley, para imponer sus propios criterios, tratar de darle carpetazo al asunto lo antes posible y así acallar las críticas internacionales en torno al tema del feminicidio en Ciudad Juárez, lo que amenaza con provocar un enfrentamiento con el Congreso de la Unión, que a este respecto difiere totalmente de la dependencia federal, lo cual podría entrampar la entrega de dinero a las familias de las víctimas.

El punto de divergencia radica en la forma de visualizar la solución al problema: Mientras para la PGR todo se reduce a la entrega de una cantidad determinada de dinero por cada mujer asesinada, el Congreso de la Unión quiere ir más allá y exige que el Estado mexicano asuma y reconozca su responsabilidad no sólo histórica y política, sino jurídica en torno a este caso. Dicho de otra manera, para la PGR los asesinados de mujeres en Ciudad Juárez se traducen en pesos y centavos, mientras que para los y las legisladoras, se trata de ir más allá, no sólo encontrar a los asesinos, sino castigar –al nivel que sea- a quien desde una responsabilidad pública no cumplió con su cometido para garantizar un principio elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida.

Antecedentes

Los ejemplos respecto a la forma en que la PGR ha intentado retrasar la solución a este problema son variados. Por ejemplo, con fecha 20 de noviembre de 2004, la Cámara de Diputados contempló que para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005, se debían entregar 31 millones de pesos a la PGR para que esta dependencia creara un “Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, que finalmente quedaría integrado por la aportación de varias fuentes: 25 millones del Gobierno Federal y 5 millones más del estatal para hacer un gran total de 61 millones de pesos.

Sin embargo la PGR, lejos de acatar la disposición de crear un fideicomiso para la reparación del daño como se le ordena en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión, decidió crear un “Fondo de auxilio económico a familiares de las víctimas de homicidios de mujeres”, con un Consejo Asesor de vigilancia, el cual fue fundamentado con base al acuerdo número A/131/05 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005. Esto es algo muy distinto, porque una cosa es reparar el daño y otra simplemente dar un auxilio económico a familiares de las víctimas.

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