La maternidad es un derecho, no un castigo, señala la titular de la Consejería Jurídica
Despenalización del aborto en el DF, logro histórico de las mujeres: Leticia Bonifaz
■ Se legisló para contrarrestar la hipocresía del Estado y las buenas conciencias: Pablo Gómez
Jesús Aranda
La despenalización del aborto antes de las 12 semanas de embarazo constituye un “logro histórico” de las mujeres de la ciudad de México porque concebimos la maternidad como un derecho, no como castigo, condena o imposición, señaló Leticia Bonifaz Alfonso, consejera jurídica del gobierno capitalino, quien reivindicó el derecho de la mujer a optar por continuar o no con el proceso de gestación.
Al realizarse ayer la segunda audiencia, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los participantes coincidieron en que el embrión no es una persona, por lo que deben prevalecer los derechos de la mujer sobre los de éste; que el aborto clandestino, por ser inseguro y un problema grave de salud pública, debe ser analizado desde el punto de vista de “equidad” previsto en la Constitución, para que todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo, independientemente de su situación económica y en la red hospitalaria del Distrito Federal.
Antes de iniciar la sesión, a la que únicamente faltó el ministro Genaro Góngora Pimentel, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia señaló que por razones de trabajo, la próxima audiencia se cambiará del 16 al 23 de mayo.
En la sesión de ayer en la que participaron representantes del gobierno capitalino, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y quienes apoyan la despenalización del aborto, se señaló que de acuerdo con los tratados internacionales, “no sólo el aborto no se considera prohibido”, sino que se ha instado a los Estados a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y sin obstáculos, y a derogar las normas penales que lo criminalizan.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo rechazó que el feto sea una persona –como insisten en señalar los antiabortistas–, porque de aceptarse al genoma como titular de derechos fundamentales, dijo, “terminaríamos por sostener que los bancos y laboratorios donde se almacenan células del cordón umbilical o los óvulos fecundados in vitro constituyen privaciones ilegales de la libertad en una escala masiva”.
A esta audiencia, en la que no se presentó ningún incidente, acudieron funcionarios del gobierno capitalino del área de salud, además de asambleístas del PRI, Jorge Schiaffino; Xiuh Guillermo Tenorio, de Nueva Alianza, y Jorge Díaz Cuervo, de Alternativa, quienes se comprometieron públicamente a respetar la decisión de la Corte en este asunto.
Círigo, quien distribuyó su opinión a los medios de comunicación en papel membretado de la consultora jurídica Madrazo Lajous, indicó que el artículo cuarto constitucional consagra explícitamente el derecho a decidir de manera libre el número y esparcimiento de los hijos, lo que consagra la libertad reproductiva.
Bonifaz, por su lado, dijo que a un año de que se despenalizó el aborto por la causal referida, ya se tienen “datos duros”, como son los 7 mil 820 interrupciones de embarazo de las 18 mil 302 personas que acudieron a pedir información, que servirán para elaborar políticas públicas al respecto.
Abogó por el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, pero también a garantizar la objeción de conciencia de los médicos.
Legislar contra el dolor
El senador perredista Pablo Gómez dijo que la Corte debe admitir que la ALDF reformó la ley penal “para mitigar el dolor, reducir la práctica ilícita de la medicina, reivindicar los derechos de las mujeres y contrarrestar la hipocresía existente en el Estado y la sociedad, que consiste en ocultar un fenómeno social indeseado en aras de las llamadas buenas costumbres”.
Al igual que otros expositores, como Martha Lucía Micher Camarena, titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Gómez comentó que ninguno de los acuerdos internacionales le impiden a un país establecer la interrupción voluntaria del embarazo.
En respuesta a los argumentos que esgrimieron hace 15 días los titulares de la PGR y de la CNDH respecto a que el embrión desde su fecundación es un ser humano, Gómez respondió que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, “pero nunca por el lugar de la concepción”.
En términos generales, los participantes como Margarita Valdés, de la Asociación Filosófica Feminista; Rafaela Shiavon Herman, de Ipas; Martha Lamas, de la revista Debate Feminista; María del Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir, coincidieron en que deben prevalecer los derechos de la mujer sobre el embrión, así como el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo.
El abogado Jesús Zamora Pierce de plano dijo que el aborto debe salir de los códigos penales. Cuestionó que se le considere un delito, cuando anualmente se llevan a cabo miles de ellos. Y resulta que encontrar un proceso penal por aborto “es casi tan difícil como encontrar un unicornio”. En todo caso, le dijo a los ministros, “dictar leyes que no se aplican vulnera el Estado de derecho”.
Despenalización del aborto en el DF, logro histórico de las mujeres: Leticia Bonifaz
■ Se legisló para contrarrestar la hipocresía del Estado y las buenas conciencias: Pablo Gómez
Jesús Aranda
La despenalización del aborto antes de las 12 semanas de embarazo constituye un “logro histórico” de las mujeres de la ciudad de México porque concebimos la maternidad como un derecho, no como castigo, condena o imposición, señaló Leticia Bonifaz Alfonso, consejera jurídica del gobierno capitalino, quien reivindicó el derecho de la mujer a optar por continuar o no con el proceso de gestación.
Al realizarse ayer la segunda audiencia, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los participantes coincidieron en que el embrión no es una persona, por lo que deben prevalecer los derechos de la mujer sobre los de éste; que el aborto clandestino, por ser inseguro y un problema grave de salud pública, debe ser analizado desde el punto de vista de “equidad” previsto en la Constitución, para que todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo, independientemente de su situación económica y en la red hospitalaria del Distrito Federal.
Antes de iniciar la sesión, a la que únicamente faltó el ministro Genaro Góngora Pimentel, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia señaló que por razones de trabajo, la próxima audiencia se cambiará del 16 al 23 de mayo.
En la sesión de ayer en la que participaron representantes del gobierno capitalino, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y quienes apoyan la despenalización del aborto, se señaló que de acuerdo con los tratados internacionales, “no sólo el aborto no se considera prohibido”, sino que se ha instado a los Estados a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y sin obstáculos, y a derogar las normas penales que lo criminalizan.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo rechazó que el feto sea una persona –como insisten en señalar los antiabortistas–, porque de aceptarse al genoma como titular de derechos fundamentales, dijo, “terminaríamos por sostener que los bancos y laboratorios donde se almacenan células del cordón umbilical o los óvulos fecundados in vitro constituyen privaciones ilegales de la libertad en una escala masiva”.
A esta audiencia, en la que no se presentó ningún incidente, acudieron funcionarios del gobierno capitalino del área de salud, además de asambleístas del PRI, Jorge Schiaffino; Xiuh Guillermo Tenorio, de Nueva Alianza, y Jorge Díaz Cuervo, de Alternativa, quienes se comprometieron públicamente a respetar la decisión de la Corte en este asunto.
Círigo, quien distribuyó su opinión a los medios de comunicación en papel membretado de la consultora jurídica Madrazo Lajous, indicó que el artículo cuarto constitucional consagra explícitamente el derecho a decidir de manera libre el número y esparcimiento de los hijos, lo que consagra la libertad reproductiva.
Bonifaz, por su lado, dijo que a un año de que se despenalizó el aborto por la causal referida, ya se tienen “datos duros”, como son los 7 mil 820 interrupciones de embarazo de las 18 mil 302 personas que acudieron a pedir información, que servirán para elaborar políticas públicas al respecto.
Abogó por el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, pero también a garantizar la objeción de conciencia de los médicos.
Legislar contra el dolor
El senador perredista Pablo Gómez dijo que la Corte debe admitir que la ALDF reformó la ley penal “para mitigar el dolor, reducir la práctica ilícita de la medicina, reivindicar los derechos de las mujeres y contrarrestar la hipocresía existente en el Estado y la sociedad, que consiste en ocultar un fenómeno social indeseado en aras de las llamadas buenas costumbres”.
Al igual que otros expositores, como Martha Lucía Micher Camarena, titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Gómez comentó que ninguno de los acuerdos internacionales le impiden a un país establecer la interrupción voluntaria del embarazo.
En respuesta a los argumentos que esgrimieron hace 15 días los titulares de la PGR y de la CNDH respecto a que el embrión desde su fecundación es un ser humano, Gómez respondió que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, “pero nunca por el lugar de la concepción”.
En términos generales, los participantes como Margarita Valdés, de la Asociación Filosófica Feminista; Rafaela Shiavon Herman, de Ipas; Martha Lamas, de la revista Debate Feminista; María del Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir, coincidieron en que deben prevalecer los derechos de la mujer sobre el embrión, así como el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo.
El abogado Jesús Zamora Pierce de plano dijo que el aborto debe salir de los códigos penales. Cuestionó que se le considere un delito, cuando anualmente se llevan a cabo miles de ellos. Y resulta que encontrar un proceso penal por aborto “es casi tan difícil como encontrar un unicornio”. En todo caso, le dijo a los ministros, “dictar leyes que no se aplican vulnera el Estado de derecho”.
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